lunes, 18 de febrero de 2013

Ecuador: Correa gana




Por: Rubén Aguilar


Quito. El presidente Rafael Correa (49), del partido Alianza País (AP), ha sido reelecto para gobernar por cuatro años más a Ecuador, como lo indicaban todas las encuestas. Al cumplir este periodo habrá gobernado su país por 10 años de manera ininterrumpida.
En los pasados seis años, Correa, quien ganó la Presidencia por primera vez en enero de 2007, se ha hecho de una gran base de apoyo y logrado altos niveles de aceptación con programas sociales de gran cobertura, por un lado, pero también poniendo orden en la vida pública en un país donde los gobiernos anteriores fueron muy impopulares.

El acceso al poder de Correa, que antes de ingresar a la política fue profesor de Economía en la universidad, no se puede explicar sin la búsqueda de alternativas por parte de la ciudadanía harta de las recurrentes crisis económicas e institucionales que vivía el país a manos de los políticos tradicionales.
En el 2008 promovió y obtuvo la promulgación de una nueva Constitución, que le abrió el espacio para una nueva elección, a dos años de haber obtenido la Presidencia, y la posibilidad de una reelección presidencial por una sola vez, cosa que ahora ha ocurrido.

Las promesas de campaña se concentraron en que de ganar continuaría con las conquistas de su gobierno socialista y que impulsaría la reforma agraria, ampliaría los servicios de salud y la educación y diversificaría la economía, para reducir la dependencia de la venta del petróleo. La oposición a Correa presentó en esta elección a siete candidatos y eso lo benefició al dividirse el voto. En la campaña, sus adversarios denunciaron el creciente estatismo del gobierno y también que el Presidente no actúa como un líder democrático, sino autoritario. Los cuestionamientos opositores no hicieron mella en la mayoría del electorado y Correa ha triunfado en forma contundente y hecho innecesario la segunda vuelta considerada en caso de que el candidato ganador no obtenga 51% de los votos o logre una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar.

El candidato opositor más competitivo, pero lejos del ganador, resultó ser el exbanquero Guillermo Lasso ­(57), quien logró atraer el voto de sectores de las clases medias de las grandes ciudades del país, que se manifiestan contrarias a Correa.

A pesar del carácter socialista de su gobierno, Correa negocia ahora contratos con empresas canadienses para explotar yacimientos de oro, cobre y plata, y ha convocado a una licitación internacional para desarrollar una cuenca petrolera en una zona virgen.

La actual Constitución no le permite volver a reelegirse y ahora son mayoría los que se niegan a un cambio de la misma que pudiera abrirle la posibilidad de volver a ser candidato a la Presidencia. Hay un sector minoritario que ve con simpatía esa posibilidad. La duda, con todo, se mantiene.

Democracia y medios: más allá de la confrontación


¿Cómo financiar el nuevo modelo de periodismo? ¿Cómo elevar su calidad? ¿Cómo evitar la fragmentación? ¿Cuál es el nuevo criterio de unidad? ¿Qué, quién y cómo regular?


Por: Rubén Aguilar

Bernardo Sorj, coordinador
Catálogos
Buenos Aires, 2012
pp. 332

Medios de comunicación y democracia: más allá de la confrontación entre gobiernos y empresas, de Bernardo Sorj, en un artículo sintetiza la temática tratada en los otros nueve artículos que tiene el libro. El punto de partida de la discusión lo señala el autor: “no existe democracia sin un periodismo capaz de actuar libremente para informar e investigar los errores, abusos y excesos del poder público y del poder económico”. Desde esa consideración se plantea el problema, de no fácil solución, que es la regulación pública de los medios de comunicación. La calidad de la democracia pasa necesariamente por la correcta solución de ese dilema.
En los países de la región, en unos más que otros, el tema ha provocado la confrontación entre los gobiernos y los medios. Ambos se atrincheran en sus posiciones y los dos reclaman a la democracia como razón de su alegato. El surgimiento de la radio y la televisión, bienes públicos de acceso escaso, lleva necesariamente a la creación de una legislación que regule su concesión para “que limite la concentración y asegure la mayor diversidad de voces y opiniones”. El tema de la escases es central en “la decisión de regular o no un medio de comunicación”.
La regulación y el apoyo público a los medios es tema resuelto hace años en Estados Unidos y buena parte de los países de Europa, pero en América Latina todavía no. El arribo y consolidación de la democracia obliga a los países de la región ponerse al día en la regulación y la creación de “agencias reguladoras y empresas públicas independientes del poder gubernamental”. Esto debe hacerse en el “nuevo contexto histórico, de transformación profunda de los medios de comunicación, que han llevado a una crisis del modelo tradicional de periodismo…”.

El impacto de las nuevas tecnologías en el periodismo
Nunca antes se había tenido acceso a tanta información y leído tanto. Esto, que sin duda es una virtud, se enfrenta a la limitación de la calidad de la noticia. La reducción de los tirajes de los periódicos, pero también de las audiencias radiales y televisivas, ha obligado a reducir el personal y traído “la disminución de la cobertura de los acontecimientos que afectan la comunidad, disminuye la capacidad de los periódicos de monitorear, auditar y denunciar los abusos, desperdicio, ineficiencia y corrupción de los órganos públicos”. El Internet es un buen medio de investigación periodística, disminuye costos, pero no suple la necesidad de la investigación de campo, afectada por el recorte constante de personal.
La información que se accede por Internet resulta  fragmentada, es mayoritariamente de opinión, no es producto de un periodismo de investigación, se construye a partir del esfuerzo de voluntarios y todavía no resuelve el modelo de negocio. Los medios escritos que lo tenían resuelto están en crisis y el periodismo de Internet todavía no lo soluciona. En el aire están preguntas que requieren urgente respuesta: ¿Cómo financiar el nuevo modelo de periodismo? ¿Cómo elevar su calidad? ¿Cómo evitar la fragmentación? ¿Cuál es el nuevo criterio de unidad? ¿Qué, quién y cómo regular?
En todos los países se comparten preocupaciones en torno a las preguntas anteriores. La actual realidad de los medios se rige por un proceso de convergencia tecnológica creciente que se profundizará en los años por venir. El nivel de desarrollo de los países influye en la velocidad del proceso, pero nada más.  La “disolución” de fronteras entre un medio y otro abre campo a nuevos problemas y también a la regulación. Antes cada medio, para decirlo de alguna manera, era claro y distinto, pero ya nunca más será así.
Esta realidad, expresión de la civilización que ahora se construye, plantea nuevos problemas de moral pública. El autor advierte en la necesidad de garantizar el derecho a la privacidad. Las nuevas tecnologías y formas de comunicación, aunque resultan más democráticas en términos de su acceso y posibilidad de producción, no eliminan la práctica de las “nuevas tendencias oligopólicas, en las cuales algunos pocos portales, sistemas de busca y redes sociales concentran la mayor parte del tráfico y poseen bancos de datos de usuarios, cuyas consecuencias para la vida democrática pueden ser cuestionables.”

El nuevo contexto
La nueva realidad -cultural, social, política, económica y tecnológica- ha transformado la relación entre el gobierno y los medios. En la región ocurre en medio de una clara  fragilidad de las instituciones democráticas, mismas que deben garantizar la transparencia y la existencia de mecanismos que permitan los contrapesos y equilibrios del poder.
En la crisis de las ideologías y la creciente mediatización de la disputa por el poder, los grandes conglomerados mediáticos se han convertido en la “principal fuerza aglutinadora de sectores de opinión pública que se oponen al gobierno”. El poder de los medios ha estado ahí siempre y ha sido clave en la formación de la opinión pública, pero estos conglomerados han ampliado su capacidad de intervenir en el  debate público. Esto lleva a la necesidad de contar con medios más responsables y plurales.
La revolución tecnológica ha cambiado la manera de producir y distribuir la información y ha modificado, lo seguirá haciendo, la relación entre los conglomerados empresariales del sector de las comunicaciones. Los nuevos campos de acción abiertos por la revolución tecnológica generan espacio para que los gobiernos propongan cambios en la estructuración del sector y en las leyes que los regulan.

Los desafíos
El autor anota que aunque avanza el proceso de innovación tecnológica la televisión en América Latina sigue siendo la fuente de noticias más importantes, para las grandes audiencias y los periódicos, el medio que utilizan las élites y la clase media alta. La convergencia tecnológica de los distintos medios y la reiteración cruzada de la información señala el camino de ese espacio nuevo que se construye en el triángulo indisoluble entre  tecnología, medios e información.
La democracia, para fortalecerse, requiere de un periodismo de calidad que, a su vez, exigen de la investigación seria y, sobre todo, la garantía de independencia total del gobierno en turno. El camino a seguir es claro, pero nada fácil. La crisis económica de los medios, los lleva, a veces aunque no lo quieran, a acuerdo de publicidad con los gobiernos que acotan el margen de independencia.
En el marco de una realidad común, es muy distinta la situación que guarda la relación entre los medios y el poder en cada uno de los países de la región. En este entorno, más complicado en unos países que en otros, “la elaboración de una nueva legislación enfrenta una variedad de problemas, algunos asociados a pesos muertos del pasado, en otros casos a las complejidades del presente”, y el autor añade “no está de más recordar que cualquier legislación deberá orientarse en primer lugar por el objetivo de asegurar la libertad de expresión de los ciudadanos frente al poder del Estado y el poder económico.”

La regulación
El autor plantea de manera puntual y concisa los puntos nodales que debe tener en cuenta la regulación de la acción del sector público y privado.

a)  La regulación del sector público
1. La distribución de concesiones (radio y televisión) exige contar con una agencia reguladora. Sus decisiones estarán sujetas al escrutinio público. La asignación del espectro contempla a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) sin fines de lucro.
2. La autonomía de las emisoras públicas debe estar garantizada. La independencia de cualquier injerencia externa, en particular del Poder Ejecutivo, tiene que estar asegurada.
3. El uso y distribución de la dotación pública para publicidad oficial debe ser transparente y políticamente neutral.
4. El favorecer a ciertos medios, apoyo a pequeñas y medias empresas, debe realizarse de manera universal, transparente y abierta al debate y escrutinio público.
5. La libertad de información incluye la obligación de los gobiernos de informar de sus decisiones, presupuestos y gastos.
6. El acceso público de contenidos debe asegurase, pero al mismo tiempo garantizar que estos no sean “parasitados” por sitios comerciales. La neutralidad de la Red debe también ser una realidad.
b) La regulación del sector privado
1. El combate a la concentración de la propiedad debe orientarse, por reglas claras y universales.
2. La Internet no ha substituido al periodismo profesional asociado a empresas comerciales de comunicación, en particular los periódicos. En el nuevo contexto debe asegurarse la continuidad estos medios. ¿Cómo?
3. El Poder Público debe impulsar políticas que favorezcan un mayor pluralismo, para ellos establecer una política de apoyo universal al surgimiento de nuevos periódicos, con subsidios que disminuyan los costos de entrada en el sector.
4. Es necesaria concientizar a la sociedad para realizar una lectura crítica de toda la información a la que tiene derecho a acceder.

Conclusiones
El autor propone cuatro grandes conclusiones, que en sí mismas ofrecen una ruta de acción a seguir en el tema que ahora nos convoca:
1. En la discusión sobre la regulación de los medios no sólo debe participar la parte directamente interesada, gobierno y medios, sino también toda la sociedad. La academia y los  periodistas tienen papel relevante.
2. Es necesario una investigación más detallada sobre el estado actual y papel del periodismo en cada uno de los países de la región.
3. El impacto de los nuevos medios de comunicación impacta la vida toda y por lo mismo exige repensar el papel del Estado y de las empresas.
4. Los ciudadanos deben ser concientizados, para participar del debate público para que el futuro, en lugar de atropellar, sea resultado de la construcción colectiva.

Un comentario final
El texto de manera sintética y clara, esfuerzo logrado que debe reconocerse, recoge, ordena y sitúa el problema de la regulación de los medios en el marco de la realidad  política y económica de la región y el impacto de la revolución tecnológica sobre los medios y la nueva relación que se establece entre estos y el poder.
La reflexión y el análisis que se ofrece a lo largo del trabajo se enriquecen con datos y ejemplos, siempre pertinentes, que ilustran y aclaran lo que se discute y dimensionan la importancia de los temas expuestos.
El texto de Bernardo Sorj, Medios de comunicación y democracia: Más allá de la confrontación entre gobiernos y empresas, se propone como una guía, para animar la discusión sobre el tema de la regulación, pero también ofrece una orientación clara del camino que se debe seguir, para poder instrumentarla.
Los cuatro temas que se ofrecen en las conclusiones proponen de forma precisa, a la manera de un plan de trabajo, lo que sigue, vuelvo sobre ellos: Impulsar, en cada país, los procesos de construcción o reconstrucción de los mecanismos de regulación de los medios con la participación de las OSC. Es un tema urgente y particularmente difícil. El activismo de la sociedad civil resulta clave.
Hay que impulsar de manera concertada en todos los países de la región una investigación más detallada sobre el estado actual y papel del periodismo en cada uno de los países de la región. El ejercicio del periodismo es muy distinto, por causas diversas, en cada uno de los países de la región. Es una tarea de largo alcance que cobra especial relevancia. Sin el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa no existe la democracia.
El papel del Estado, no solo del gobierno, y de las empresas dedicadas a la comunicación debe ser repensado. El impacto de las nuevas tecnologías está cambiando la vida de todos, la manera de aprender, de apropiarse de la información y de valorar el mundo que se vive. Cada uno de estos temas, hay muchos más, es objeto de investigación. Sabemos poco del resultado de ese impacto, aunque somos objeto de él todos los días, y urge conocer más.
La concientización y la alfabetización de los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías se convierten en propósitos fundamentales de cualquier proyecto educativo. La ciudadanía solo así podrá participar, está llamado a eso, en la construcción de las políticas públicas y contribuir, desde el espacio que le corresponde, a la construcción del presente y el futuro por conquistar.
El texto está muy bien escrito y fluye. Se hace presente un lenguaje directo, preciso y claro, que siempre se agradece, pero todavía más en un texto técnico como este.

Los otros textos
De los textos que dan origen a la síntesis que plantea Sorj seis tratan sobre la relación entre los medios y el poder en América Latina: Transformaciones en el sistema de medios en la Argentina del Siglo XXI,  de Martín Becerra y Guillermo Mastrini; La radiodifusión y la democracia en Brasil, de Eugenio Bucci; El mercado como obstáculo a la libertad de expresión; Laconcentración de la prensa escrita en Chile en la era democrática, de Javier Couso S.;Democracia, información y medios de comunicación y poder político en Colombia, de Doris Réniz Caballero; México: Medios, política y ciudadanos en la hora de la conversión digital, de Raúl Trejo Delarbre; La libertad de expresión en el laberinto democrático de América Latina, de Carlos D. Mesa Gisbert. Dos trabajos tratan sobre temas específicos en Estados Unidos y Europa:La política de Medios en Estado Unidos y la revolución global de la información, de Robert Corn-Revere y Desafíos regulatorios en tiempos de transformación digital: Una mirada sobre publicaciones y editoras europeas, de Christoph Kese

viernes, 15 de febrero de 2013

Centroamérica: un embudo de violencia


Por: Rubén Aguilar

“La despenalización se tiene que tomar en cuenta”, dijo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a principios de 2012. Hace un año que el ex-general abrió al máximo nivel el debate en Centroamérica sobre la posibilidad de regular el tráfico y el consumo de drogas para quitarle el negocio al crimen organizado y debilitar así una fuerza motriz de la violencia en la región. Hoy, el debate se ha enfriado. La postura de Pérez Molina se ha reducido a un sonsonete de la política global —“la droga crece y siguen llegando las armas”, recordó en enero en el foro de Davos— y cada país lucha por su cuenta contra sus idiosincrasias criminales.

La medida más relevante de 2012 la tomó El Salvador con un pacto entre las maras (las pandillas callejeras) auspiciado por el Estado. En este país de seis millones de habitantes se calcula que hay 50.000 pandilleros sueltos y 10.000 encarcelados. Su poder homicida, enlazado a un negocio que mezcla tráfico de drogas, tráfico de personas y extorsión, había disparado la tasa de homicidios: en 2011, la tasa de asesinatos era de 69 por cada 100.000 salvadoreños. Las maras bajaron el pistón a cambio de una política penitenciaria más suave para sus capos encarcelados y en un año El Salvador ha pasado de 14 a 5 homicidios diarios.  El pacto ha rebajado el número de muertos, pero también ha despertado una pregunta de fondo: ¿tan débil estaba el Estado como para tener que negociar con el crimen?

En opinión de los expertos, la fragilidad institucional es el quid del problema centroamericano, y su paradigma es Honduras, el país más violento del mundo en 2012 con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de la ONU. “Es una sociedad tremendamente desigual en la que el Estado no se ha hecho valer sobre los intereses de las oligarquías”, dice el sociólogo mexicano Rubén Aguilar. En diciembre, la ONG Transparencia Internacional situó a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica. El Gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como el “aeropuerto de la mafia”. Ocho de cada 10 aviones que salen de Colombia o de Venezuela cargados de cocaína aterrizan en pistas clandestinas de su costa caribeña, en zonas como La Mosquitia o La Ceiba, donde arrestaron en 2012 a un líder de la banda criminal colombiana de Los Urabeños. Cuando fue detenido, Alexander Montoya Úsuga, El Flaco, estaba paseando tranquilamente a su perro.

En la costa hondureña se descargan los aviones y se cargan los vehículos que llevan la cocaína por tierra hasta la frontera de Guatemala con México, penúltima parada antes de Estados Unidos, un país que en 2009, según datos de la ONU, consumió 27.000 millones de euros en coca. A veces, los vuelos llegan directos a esa frontera, una franja selvática de 900 kilómetros de largo y con unos 300 pasos clandestinos.

Guatemala es el segundo país que más inquieta a los analistas. En 2010 el Pentágono consideró que había riesgo de que se convirtiese en un narco-Estado. Es el tercer país centroamericano con más homicidios (39 por cada 100.000 habitantes en 2011), pero según datos oficiales el año pasado la tasa bajó un 23%, lo que sumaría tres años seguidos de descenso. De acuerdo con Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, hoy consultor de conflictos, Guatemala y Honduras comparten un problema de “pérdida de soberanía territorial del Estado”. El politólogo mexicano Alejandro Hope aporta un dato que refleja la anemia guatemalteca de poder público: se calcula que por cada policía o militar, en este país hay cinco agentes de seguridad privada.

Guatemala, Honduras y El Salvador forman el Triángulo Norte de Centroamérica, la zona de la región más inestable y a la que más afecta el crimen organizado. Nicaragua, más al sur, dejó atrás en los noventa una guerra civil, como Guatemala y El Salvador, pero ha salido más entera de aquella crisis. Hope, Aguilar y Villalobos coinciden en que la policía y los comités civiles de seguridad formados por la revolución sandinista tienen una solidez que impide que la delincuencia domine el territorio como en sus países vecinos. Con todo, Nicaragua también tiene un espacio de costa caribeña con poca presencia estatal por el que los narcos cuelan sus cargamentos, y no es inmune a las mafias. Según Roberto Orozco, experto nicaragüense en seguridad, su Poder Judicial es corrupto y hay redes de narcotráfico locales en desarrollo. Los dos países más al sur, Costa Rica y Panamá, no son territorios estratégicos para el tráfico de droga y tienen las instituciones más estables de la región.

El embudo de violencia que se ha creado en la zona norte se debe en parte, según la ONU, al refuerzo de las políticas de seguridad en México durante el mandato de Felipe Calderón. “Su éxito en la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un problema para los demás”, dice el español Amado de Andrés, representante de la agencia antidroga de la ONU para Centroamérica y el Caribe. La batalla de Calderón contra el narco, que en seis años ha causado al menos 60.000 muertos y 20.000 desaparecidos, supuso un control mayor de los puertos marítimos por donde entraba la cocaína y de los vuelos que aterrizaban directamente en este país, de modo que los carteles de la droga, según De Andrés, empezaron a operar en Centroamérica; esto ha implicado en la zona una lucha por el control territorial y ha espoleado lo que Aguilar define como la “violencia endémica”, histórica y con multitud de factores, que padece la región.

El año 2013 comienza con los indicadores de homicidio altos, pero a la baja en el Triángulo Norte, y sin el revuelo de 2012 en torno al debate de la regulación de la droga. Los males, sin embargo, siguen latentes, y a excepción de la controvertida tregua firmada por El Salvador con las pandillas no ha habido cambios estratégicos globales que hagan pensar que Centroamérica esté superando el problema. Villalobos advierte de que no estamos ante Estados fallidos como Haití o como Somalia, pero sí ante países en los que la economía formal “convive” cada vez más a gusto con la economía criminal, una relación que, según el exguerrillero, podría fraguar aún en un conflicto de más calado.

Con información de Carlos Salinas (Nicaragua y Honduras), Juan José Dalton (El Salvador), José Elías (Guatemala) y José Meléndez (Costa Rica y Panamá).

miércoles, 13 de febrero de 2013

Renuncia papal

Por: Rubén Aguilar
 
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El Papa Benedicto XVI fue muy claro al exponer sus razones para renunciar a su cargo: su avanzada edad y el deterioro creciente de su salud. Son dos motivos sólidos e irrefutables que hablan de la valentía y coraje del Papa, para cambiar formas y costumbres que, por siglos, han permanecido inalterables.
Las condiciones físicas de los últimos años del mandato de Juan Pablo II eran realmente lamentables. Dolía verlo y por momentos incluso parecía inhumano que se mantuviera en su puesto, cuando obviamente ya no tenía las condiciones físicas y mentales para hacerlo.
La conducción de la Iglesia quedó, entonces, en manos de la burocracia de la curia romana, que tiene una gran cantidad de italianos, y no del Papa, un pastor y un hombre alejado de la gran reflexión intelectual y teológica que sí es propia del actual Pontífice.
El cardenal Ratzinger, el papa Benedicto XVI, con su decisión, evita que se vuelvan a dar esos dos escenarios, ambos lamentables, que caracterizaron los últimos años del papado del polaco Juan Pablo II.
Esta decisión abre una nueva práctica en la Iglesia Católica, que seguramente llegó para quedarse.
Desde hace por lo menos 25 años, se puso fin al cargo vitalicio que era propio de los obispos, para obligarlos a renunciar al cumplir los 75 años. La Iglesia ha sido contundente en la aplicación de esta norma.
La decisión de Benedicto XVI abre el espacio para que, en el futuro, como algo normal, como sucede ahora con los obispos, el Papa ya no tenga un nombramiento vitalicio y al llegar a cierta edad o condiciones de salud, que suelen estar aparejadas, renuncie a su cargo.
Es una decisión valiente e inteligente, que va a ayudar a la Iglesia. Las funciones propias del papado exigen a un hombre en plenitud de su capacidad física e intelectual. Uno disminuido no puede ejercer cabalmente ese cargo y abre el espacio para que la estructura burocrática vaticana sustituya al Papa.
Este anuncio, que entrará en vigencia a partir del 28 de febrero, habla de un hombre de sólidos valores y de consistencia ética. Por decisión propia, que deja ver su visión amplia y capacidad analítica, decide dejar el poder. No es una práctica común.
A Benedicto XVI le va a tocar construir el nuevo modelo del papel que debe jugar un Papa retirado. Es un hombre inteligente, un intelectual, que tiene idea clara de cómo lo hará. Como antecedente está la realidad de los obispos que una vez que se retiran, dejan todo el espacio al nuevo. Son muy pocos los casos de quienes no saben hacer este tránsito.    
La decisión del cardenal alemán Ratzinger ayuda a la renovación de la Iglesia Católica y resuelve un problema de la misma. El mantener en el papado a hombres que ya no lo pueden ejercer a plenitud.
Ahí está la dolorosa imagen de Juan Pablo II. Debemos de suponer que esto ya nunca habrá de ocurrir.

lunes, 11 de febrero de 2013

Remesas

Ruben Aguilar

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El monto total de las remesas que se envían a los países en desarrollo sumaron 372,000 millones de dólares en el 2011 y se estima que al cierre del 2012 llegaron a 400,000 millones de dólares, a pesar de la crisis financiera global, de acuerdo con el Banco Mundial.

Con relación al 2010, el incremento fue de 12.1%, a pesar de que el crecimiento promedio de los países desarrollados, donde trabaja la mayoría de los migrantes, fue sólo de 1.6% cuando la economía mundial lo hizo a 3.9 por ciento.  

El BM constata que los 215 millones de inmigrantes que existen en el mundo han empeorado sus condiciones en algunos países, principalmente en Europa, pero éstos se mantienen firmes en la solidaridad con sus familias que permanecen en su país de origen.

En el 2011, India, con 64,000 millones de dólares, fue el principal receptor de remesas de los países en desarrollo, seguido de China, con 62,000 millones.

En un lejano tercer lugar se encontró México, con 23,000 millones; en el cuarto, Filipinas, con 22,000 millones, y en el quinto, Egipto, con 14,000 millones de dólares.

El monto de las remesas que los mexicanos envió a sus familias en el 2012 alcanzó los 22,400 millones de dólares contra 22,804 millones del 2011, que es sólo 1.5% menor, según el Banco de México.

En el 2012, el comportamiento de los envíos de las remesas fue desigual de un semestre a otro.

De enero a junio se recibieron 11,885 millones de dólares, que supuso un crecimiento anual de 6%, pero de julio a diciembre se registró una disminución de casi 8 por ciento.

De acuerdo con el Banco de México, el promedio de los envíos que los migrantes hizo a sus familias en el 2012 fue de 313.00 dólares frente a 326.41 dólares en el 2011, que supone una caída de 3.98 por ciento.

El empleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se mantiene e incluso crece marginalmente, así la baja del envío de las remesas no se explica porque aumentó del desempleo, aunque la recuperación de trabajo sigue siendo débil después de la crisis del 2009.

Los especialistas plantean que la explicación se encuentra en que el 2011 fue un año atípico y las remesas, por lo mismo, tuvieron un incremento de 21.4%, producto de un alza en el tipo de cambio, que este año se revirtió por la recuperación del peso.

Estos mismos plantean que los migrantes tuvieron menos incentivos de enviar remesas cuando saben que éstas valdrán menos al convertirlas en pesos.

La disminución de las remesas obedece no a una real reducción de los envíos sino, sobre todo, a la apreciación del tipo de cambio.

La economía de Estados Unidos demanda trabajadores con mayor calificación laboral y los mexicanos se concentran en sectores de poca calificación y de bajo crecimiento de empleo, según el BM.

La caída de las remesas en el 2012 no fue tan grave como se había pronosticado, pero hay que ver el comportamiento de estas, ante lo que pueda suceder al cierre del 2013.

miércoles, 6 de febrero de 2013

¿Fin a la cultura del no?

Por: Rubén Águila

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Los distintos estudios de opinión coinciden en indicar que las y los diputados están en el último o penúltimo lugar en la escala de confianza de la ciudadanía.

No muy lejos, pero en mejor lugar, están las y los senadores. La sociedad tampoco valora bien la capacidad y el desempeño de las y los legisladores.

Ellas y ellos discuten en sus respectivas cámaras, como si ese espacio agotara los confines del país. Una buena parte de sus integrantes más influyentes no han sido elegidos de manera directa, sino llegaron ahí a través del mecanismo de la representación proporcional.

Los electores, una vez que pasó la elección, nunca más son tomados en cuenta. Es cierto que tenemos un sistema político de representación, pero éste no otorga a las y los elegidos una patente para que hagan lo que les venga en gana o sólo actúen en representación de su partido y nunca de la ciudadanía.

La mala imagen de las y los legisladores tiene que ver, eso está al fondo, con la lejanía de quienes los votaron. El Poder Legislativo nunca da cuenta de su actuación y del porqué de sus decisiones a quienes les debe su cargo, que son los electores de su distrito o circunscripción.

Por lo menos en estos últimos 15 años, los intereses partidarios, nunca los de la ciudadanía, han llevado a que las y los legisladores, en la disputa primitiva por el poder, no aprueben las reformas legislativas y constitucionales que urgen al país. Llevamos un retraso de por lo menos 20 años.

En las últimas semanas se ha empezado a ver un cambio que no deja de ser sorpresivo y va en contra de los usos y costumbres en el Poder Legislativo, que en los tiempos de la democracia se ha caracterizado por una cultura del “no”. En estos días, las y los legisladores de ambas cámaras, de pronto, han llegado a la creación rápida de consensos y a la aprobación expedita de las leyes.  

A la base de esta transformación parece estar el Pacto por México y los mecanismos operativos que lo acompañan. Esta instancia, ajena a las cámaras, pero no contraria de las mismas, es la que permite, por ahora, que se supere la práctica del no, que ha pasado a ser un elemento de la cultura política de las dos últimas décadas. 

No queda claro si lo que ahora está pasando en las cámaras llegó para quedarse, porque se trata de un verdadero cambio cultural, o sólo es un fenómeno de coyuntura que depende de que el Pacto por México se mantenga y prolongue. 

¿Qué pasaría si el Pacto se rompe? ¿Se volvería a las costumbres anteriores y se retomaría la práctica del no? ¿El efecto positivo que ha generado el Pacto se mantendría aun sin él? Lo ahora evidente es que en el Senado y la Cámara de Diputados ha tenido lugar un  real cambio y de la lógica del no se pasó a la del sí.

martes, 5 de febrero de 2013

Los retos de la sociedad civil organizada

Rubén.

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Entre los retos para la sociedad civil organizada se encuentran, en el campo de la democracia, elevar los niveles de la participación ciudadana en la construcción de la gobernanza en coordinación creciente con el mercado y el gobierno.

El arribo de una nueva administración a la Presidencia de la República es buen momento para plantear los retos de la sociedad civil organizada en el país, que desde mi punto de vista son los siguientes.
En el campo de la democracia:
  • Actualizar de manera permanente su agenda en la lucha por la democracia y ubicar los temas que garantizan elevar los niveles de calidad de la misma.

·        Elevar los niveles de la participación ciudadana en la construcción de la gobernanza en coordinación creciente con el mercado y el gobierno.

En el campo de la relación con los poderes:
  • Consolidarse frente al Ejecutivo como actor independiente e interlocutor responsable y válido en la construcción del Estado.
  • Elevar los niveles de interlocución con el Poder Legislativo, para dar a conocer el papel y la relevancia del sector.
  • Promover la aprobación de leyes que permitan ampliar los espacios de participación ciudadana y de sus organizaciones.
En el campo de las políticas públicas:
  • Incidir en el diseño, implementación y evaluación de las políticas púbicas en los distintos niveles de gobierno.
  • Acrecentar su participación en la construcción de lo público, de manera específica de las políticas públicas en el ámbito local.
  • Participar activamente en la oferta de servicios para operar las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno.
En el campo de la relación con la sociedad:
  • Ampliar el ámbito de sus interlocutores, para mejorar las posibilidades de la concertación de acciones con los otros sectores sociales.
  • Elevar los niveles de confianza y credibilidad del trabajo que desarrollan las organizaciones de cara a la ciudadanía.
En el campo de la incidencia:
  • Ajustar, la acción que se realiza, para ponerlas en línea con los problemas que tienen las sociedades iberoamericanas.
  • Incrementar los niveles de especialización de las organizaciones, para  elevar su capacidad de influir e incidir.
  • Ampliar y fortalecer el trabajo al interior de los países y no concentrarse solo en las capitales o grandes ciudades.
  • Propiciar el trabajo en redes temáticas, para hacer frente común y fortalecer la acción que desarrollan las organizaciones.
  • Inscribirse y participar en los procesos de globalización del sector y salir solo del ámbito nacional y local.
En el campo de la cultura ciudadana:
  • Fomentar la cultura de la solidaridad y el trabajo voluntario,  para preservar y ampliar los proyectos y causas que impulsan las organizaciones.
En el campo de la visibilidad:
  • Elevar los niveles de presencia del sector y de las organizaciones particulares en las distintas regiones de los países.
  • Promover en los medios (tradicionales, nuevos y  alternativos) las causas en las que se trabajan y promueven las organizaciones.
En el campo de la sustentabilidad:
  • Intensificar la búsqueda de alternativas financieras, para garantizar la permanencia de las organizaciones.
  • Fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros, para ganar confianza y credibilidad.