Reforma educativa

La imagen muestra a un México que semanas atrás hubiera parecido imposible. En el anuncio de la reforma educativa, habla el presidente Enrique Peña Nieto y los líderes de los más importantes partidos de la oposición, Jesús Zambrano del PRD y Gustavo Madero del PAN.

El discurso de los tres no se utiliza para quejarse, protestar o descalificar al otro. Buscan los puntos de coincidencia. Los tres hacen política-política y apuntan ideas propias de la política pública. Los tres ven hacia adelante.

Sus pronunciamientos se derivan de lo acordado en el Pacto por México. Hay, por fin, un proyecto legislativo y programático sobre el cual discutir. No es todavía un proyecto de nación compartido, pero contemplan puntos que formarían parte de él.

Si la reforma educativa sale adelante y ésta es la suerte que sigue cada uno de los 96 puntos establecidos en el Pacto por México, se aceleraría de manera significativa la construcción una nueva institucionalidad para el país. No es cosa menor.

El pacto es expresión de la madurez política de quienes lo firmaron y lo apoyan. El refrán popular dice “del dicho al hecho hay un buen trecho”. Hay todavía que ver si lo que se acuerde se hace realidad en el Congreso y luego como acción de gobierno.

La reforma educativa gira en torno de tres puntos: El primero es la creación del Sistema Profesional de los Docentes que, entre otras cosas, impida las viejas prácticas de venta de plazas y que éstas se hereden.

El segundo es dotar de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), que implica, entre otros temas, la evaluación obligatoria de los maestros y el asenso de los mismos a partir del mérito y no de influencias sindicales.

El tercero es crear el Sistema de Operación y Gestión Educativa, que contempla el INEGI entregue en el 2013 un cómputo preciso del registro nominal de planteles, del número de los alumnos y de los profesores. Las cifras que ahora tiene la SEP no son exactas y se presta a muchas irregularidades.

Los tres son indispensables para que la SEP retome el control, si es que alguna vez lo tuvo, de toda la gestión educativa y, sobre todo, de la contratación de los profesores que, ahora, en buena medida, ha estado en manos del sindicato. En los tres temas se ha avanzado, pero ahora hay una significativa vuelta de tuerca.

Emilio Chuayffet, el secretario de Educación, planteó que la reforma pretende recuperar la rectoría del Estado sobre la política educativa nacional ante lo que definió como “una cruda permanente pérdida del Estado” en la definición de las acciones en materia educativa.

Las medidas no atentan contra la vida sindical, pero sí pretenden poner fin a perversas prácticas establecidas desde hace muchos años. El SNTE, a lo largo del tiempo, siempre como concesión del poder político, asumió una serie de atribuciones que no le correspondían.

Al país conviene que la SEP y el SNTE ocupen cada uno el lugar que le corresponde y no invadan el espacio del otro. El SNTE ganaría mucho si asume que son otros los tiempos y actúa en impulso de la reforma y no en retranca de la misma. Ya veremos.