El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) preparó un documento a solicitud del gobierno de Colombia, el cual plantea muy bien qué debe entenderse por seguridad ciudadana pública y cómo de ella dependen la garantía de otros derechos.
Es un texto técnico, “Seguridad Ciudadana y Criminalidad Trasnacional Organizada”, que en México debería conocer el gobierno, los partidos, los candidatos, la academia y todas las organizaciones de la sociedad civil.
En él se plantea que la seguridad ciudadana debe comprenderse como un bien público que se refiere a “un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica”.
De que se haga realidad depende la garantía de la seguridad humana.
La seguridad ciudadana “tiene un papel central en la vigencia y tutela de ciertos derechos, por lo que se puede afirmar que no puede haber seguridad ciudadana sin que el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes al concepto de seguridad humana”.
Los derechos propios de la seguridad humana son el espectro amplio de lo que se conoce como derechos humanos, de diversa generación, como el “derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, disfrute del patrimonio...)”.
En el ámbito de la explicación de lo que es la seguridad humana, el documento plantea que “la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades (...) no constituyen violencia o inseguridad por sí mismos, aunque sí condiciones propicias y amenazas directas a la seguridad y a la convivencia ciudadana en cualquier sociedad”.
“La seguridad ciudadana -afirma el texto- no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral”.
El PNUD asegura que una estrategia así “debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia”.
Este enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales. Al tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta de las concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función de la criminalidad y el delito.
Contar con una buena concepción de los problemas acerca, aunque no asegure del todo, a las buenas decisiones de política pública. Si el actual gobierno hubiera visto más allá de sólo la salida punitiva a los problemas de seguridad que él mismo creó, es probable que no hubieran muerto 60,000 mexicanos.
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