Los narcomenudistas y los consumidores de drogas, no los medianos o grandes traficantes, son el objeto central de la acción persecutoria de las autoridades de acuerdo al estudio “(Des) proporcionalidad y delitos contra la salud”, de la investigadora Catalina Pérez Correa, del CIDE.
Los narcomenudistas y los consumidores de drogas, no los medianos o grandes traficantes, son el objeto central de la acción persecutoria de las autoridades de acuerdo al estudio “(Des) proporcionalidad y delitos contra la salud”, de la investigadora Catalina Pérez Correa, del CIDE.
De 2004 a 2010, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 298,555 averiguaciones previas por posesión, 146,634 por consumo y 809 por tráfico de drogas. De acuerdo a la ley, el consumo no debe sancionarse con la prisión.
El SESNSP plantea que en ese mismo tiempo hubo 34,830 averiguaciones previas por comercio, 4,698 por transporte, 2006 por producción, 1,649 por suministro y 55,168 que implican diversos temas relacionados con las distintas modalidades de combate al narcotráfico.
A partir de los datos anteriores el estudio establece que “las personas más comúnmente apresadas por el sistema federal son los consumidores y narcomenudistas de bajo perfil. No se trata de delincuentes que cometan actos violentos u otras conductas delictivas, sino actos simples de posesión o consumo”.
Lo anterior, añade la investigación, “constituye un problema en términos de proporcionalidad, pues implica el uso del aparato coercitivo del Estado para lidiar con conductas poco problemáticas en términos de salud individual o pública”.
El estudio revela que a pesar de que las mujeres desempeñan un papel secundario en el narcotráfico y el narcomenudeo a la hora de la persecución y el arresto son ellas el blanco principal de las autoridades. En 2004, el porcentaje de mujeres presas por delitos de narcotráfico ascendía al 63.6 por ciento y en 2009 era el 56.5 por ciento del total.
Entre las conclusiones que propone Pérez Correa está que “la criminalización de los delitos contra la salud y el uso de penas privativas de la libertad producen importantes costos a los acusados y sus familias, costos que parecen superar los daños que la política prohibicionista busca prevenir”.
Plantea también que “en las actuales condiciones carcelarias, las penas privativas de la libertad resultan lesivas para la salud de los consumidores, incluso más que el consumo de las substancias hoy consideradas ilícitas”.
Trabajos de investigación como el de Pérez Correa muestra la necesidad urgente de un cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico que implica dejar atrás, poner fin, al enfoque punitivo y prohibicionista que ha demostrado su fracaso.
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