Por: Rubén Aguilar
“La despenalización se tiene que tomar en cuenta”, dijo el presidente
de Guatemala, Otto Pérez Molina, a principios de 2012. Hace un año que el
ex-general abrió al máximo nivel el debate en Centroamérica sobre la
posibilidad de regular el tráfico y el consumo de drogas para quitarle el
negocio al crimen organizado y debilitar así una fuerza motriz de la violencia
en la región. Hoy, el debate se ha enfriado. La postura de Pérez Molina se ha
reducido a un sonsonete de la política global —“la droga crece y siguen
llegando las armas”, recordó en enero en el foro de Davos— y cada país lucha
por su cuenta contra sus idiosincrasias criminales.
La medida más relevante de 2012 la tomó El Salvador con un pacto entre
las maras (las pandillas callejeras) auspiciado por el Estado. En este país de
seis millones de habitantes se calcula que hay 50.000 pandilleros sueltos y
10.000 encarcelados. Su poder homicida, enlazado a un negocio que mezcla
tráfico de drogas, tráfico de personas y extorsión, había disparado la tasa de homicidios:
en 2011, la tasa de asesinatos era de 69 por cada 100.000 salvadoreños. Las
maras bajaron el pistón a cambio de una política penitenciaria más suave para
sus capos encarcelados y en un año El Salvador ha pasado de 14 a 5 homicidios
diarios. El pacto ha rebajado el número
de muertos, pero también ha despertado una pregunta de fondo: ¿tan débil estaba
el Estado como para tener que negociar con el crimen?
En opinión de los expertos, la fragilidad institucional es el quid del
problema centroamericano, y su paradigma es Honduras, el país más violento del
mundo en 2012 con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de la
ONU. “Es una sociedad tremendamente desigual en la que el Estado no se ha hecho
valer sobre los intereses de las oligarquías”, dice el sociólogo mexicano Rubén
Aguilar. En diciembre, la ONG Transparencia Internacional situó a Honduras como
el país más corrupto de Centroamérica. El Gobierno de Estados Unidos lo ha
calificado como el “aeropuerto de la mafia”. Ocho de cada 10 aviones que salen
de Colombia o de Venezuela cargados de cocaína aterrizan en pistas clandestinas
de su costa caribeña, en zonas como La Mosquitia o La Ceiba, donde arrestaron
en 2012 a un líder de la banda criminal colombiana de Los Urabeños. Cuando fue detenido,
Alexander Montoya Úsuga, El Flaco, estaba paseando tranquilamente a su perro.
En la costa hondureña se descargan los aviones y se cargan los
vehículos que llevan la cocaína por tierra hasta la frontera de Guatemala con
México, penúltima parada antes de Estados Unidos, un país que en 2009, según
datos de la ONU, consumió 27.000 millones de euros en coca. A veces, los vuelos
llegan directos a esa frontera, una franja selvática de 900 kilómetros de largo
y con unos 300 pasos clandestinos.
Guatemala es el segundo país que más inquieta a los analistas. En 2010
el Pentágono consideró que había riesgo de que se convirtiese en un
narco-Estado. Es el tercer país centroamericano con más homicidios (39 por cada
100.000 habitantes en 2011), pero según datos oficiales el año pasado la tasa
bajó un 23%, lo que sumaría tres años seguidos de descenso. De acuerdo con
Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, hoy consultor de conflictos,
Guatemala y Honduras comparten un problema de “pérdida de soberanía territorial
del Estado”. El politólogo mexicano Alejandro Hope aporta un dato que refleja
la anemia guatemalteca de poder público: se calcula que por cada policía o
militar, en este país hay cinco agentes de seguridad privada.
Guatemala, Honduras y El Salvador forman el Triángulo Norte de
Centroamérica, la zona de la región más inestable y a la que más afecta el
crimen organizado. Nicaragua, más al sur, dejó atrás en los noventa una guerra
civil, como Guatemala y El Salvador, pero ha salido más entera de aquella
crisis. Hope, Aguilar y Villalobos coinciden en que la policía y los comités
civiles de seguridad formados por la revolución sandinista tienen una solidez
que impide que la delincuencia domine el territorio como en sus países vecinos.
Con todo, Nicaragua también tiene un espacio de costa caribeña con poca
presencia estatal por el que los narcos cuelan sus cargamentos, y no es inmune
a las mafias. Según Roberto Orozco, experto nicaragüense en seguridad, su Poder
Judicial es corrupto y hay redes de narcotráfico locales en desarrollo. Los dos
países más al sur, Costa Rica y Panamá, no son territorios estratégicos para el
tráfico de droga y tienen las instituciones más estables de la región.
El embudo de violencia que se ha creado en la zona norte se debe en
parte, según la ONU, al refuerzo de las políticas de seguridad en México
durante el mandato de Felipe Calderón. “Su éxito en la lucha contra el
narcotráfico se ha convertido en un problema para los demás”, dice el español
Amado de Andrés, representante de la agencia antidroga de la ONU para
Centroamérica y el Caribe. La batalla de Calderón contra el narco, que en seis
años ha causado al menos 60.000 muertos y 20.000 desaparecidos, supuso un
control mayor de los puertos marítimos por donde entraba la cocaína y de los
vuelos que aterrizaban directamente en este país, de modo que los carteles de
la droga, según De Andrés, empezaron a operar en Centroamérica; esto ha
implicado en la zona una lucha por el control territorial y ha espoleado lo que
Aguilar define como la “violencia endémica”, histórica y con multitud de
factores, que padece la región.
El año 2013 comienza con los indicadores de homicidio altos, pero a la
baja en el Triángulo Norte, y sin el revuelo de 2012 en torno al debate de la
regulación de la droga. Los males, sin embargo, siguen latentes, y a excepción
de la controvertida tregua firmada por El Salvador con las pandillas no ha
habido cambios estratégicos globales que hagan pensar que Centroamérica esté
superando el problema. Villalobos advierte de que no estamos ante Estados
fallidos como Haití o como Somalia, pero sí ante países en los que la economía
formal “convive” cada vez más a gusto con la economía criminal, una relación que,
según el exguerrillero, podría fraguar aún en un conflicto de más calado.
Con información de Carlos Salinas (Nicaragua y Honduras), Juan José
Dalton (El Salvador), José Elías (Guatemala) y José Meléndez (Costa Rica y
Panamá).
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