Así, podrán participar en la elección federal de julio del 2015.
La mayor de las exigencias, la que se convierte en piedra de toque, es
poder organizar 200 asambleas distritales (existen 300 distritos en el país) o
16 asambleas estatales y garantizar la asistencia a las mismas del equivalente
a 0.26% del padrón electoral que suma unos 220,000 ciudadanos, de un registro
que rebasa los 80 millones de electores.
Ahora a nivel nacional sólo existen siete partidos (PRI, PAN, PRD,
PVEM, Panal, PT y MC) y no deja de sorprender el gran número de las solicitudes
que se han presentado.
El cumplir con los actuales requisitos de la ley no es imposible, pero
tampoco es fácil. Quienes han presentado su solicitud saben de ellos y piensan
que los pueden cumplir.
La realidad es que muy pocas de estas organizaciones van a poder
resolver las exigencias de la ley y sólo un número reducido, no más de cinco,
en el mejor de los casos, responderán a los requerimientos.
Entre éstas, seguramente el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador, y Concertación Mexicana (CM),
que encabezan Manuel Espino y René Arce. Ya se verá.
De las organizaciones que pretenden hacerse partido algunas son
conocidas, pero la gran mayoría no.
El nombre de los grupos da idea de la variedad del propósito e
ideología de los mismos. Siete hacen referencia a la ciudadanía, cinco a la
revolución, cuatro a la democracia, tres a la migración, y con dos menciones
están los jóvenes, el socialismo, la Constitución, las nuevas tecnologías.
De los 21 restantes cada uno representa una idea distinta y entre éstas
se encuentran la libertad, el humanismo, la prosperidad y la evolución.
¿Qué explica que tantas organizaciones pretendan hacerse partido? Lo
que parece evidente es que estos grupos buscan el financiamiento público al que
tienen derecho los partidos registrados.
En principio eso es legítimo, pero pone de manifiesto la carencia que
existe en el país de fondos públicos para apoyar a las organizaciones de la
sociedad civil (OSCs).
Éstas, entonces, intentan hacerse partido cuando no tendrían por qué
hacerlo.
La gran mayoría de las OSCs que existen en el país, no más de 30,000,
pocas en comparación con otros países, no recibe recursos públicos para
desarrollar sus actividades, al contrario de las que existen en Estados Unidos
y los países de la Unión Europea, que buena parte de su financiamiento lo
obtienen de los gobiernos.
Entre quienes solicitan el registro hay personas que siempre han vivido
de la política, pero también una buena parte son organizaciones sociales que
requieren fondos para continuar con sus actividades. Es un problema que exige
solución.
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